En medio del debate sobre la próxima reforma fiscal en la República Dominicana, varios economistas han instado al Gobierno a realizar estudios técnicos detallados antes de tomar decisiones sobre la eliminación de leyes de incentivos fiscales que benefician a sectores clave como el turismo y las zonas francas. El ministro de Hacienda, Jochi Vicente, ha señalado que estos incentivos están bajo revisión como parte de las propuestas del Poder Ejecutivo, que se espera presenten «en los próximos días».
El exministro de Economía, Juan Ariel Jiménez, subrayó la importancia de realizar un análisis riguroso de costo-beneficio antes de modificar o eliminar cualquier incentivo. Según Jiménez, estos estudios deberían considerar el impacto de los incentivos en el crecimiento económico, la creación de empleos y la reducción de la pobreza, así como los costos en términos de la pérdida de ingresos fiscales. «El análisis de costo-beneficio permitirá determinar qué incentivos se justifican por sus beneficios y cuáles deben revisarse si los costos superan las ventajas», afirmó Jiménez.
Por su parte, el economista Henri Hebrard sugirió separar las exenciones en dos grupos: las relacionadas con el ITBIS y el impuesto sobre la renta, y las leyes de incentivos fiscales, donde hay mayor controversia. Hebrard destacó que cualquier cambio en la ley de incentivos para las zonas francas podría tener graves consecuencias, advirtiendo que si la República Dominicana hace modificaciones unilaterales sin que sus competidores internacionales lo hagan, podría perder las inversiones en ese sector.
Hebrard también señaló que es necesario un análisis minucioso de cada sector productivo antes de hacer cambios a las leyes de incentivos, destacando que una decisión apresurada podría afectar negativamente la capacidad del país para atraer nuevas inversiones, fundamentales para el crecimiento económico en los próximos años.
Ambos economistas coincidieron en que, si bien los incentivos fiscales representan una reducción de los ingresos del Estado, también generan actividad económica y empleo, lo que puede compensar parte de la pérdida de ingresos fiscales.
