A pesar de que los plazos establecidos por la Ley 311-14 han vencido para muchos nuevos funcionarios, al menos 17 altos servidores públicos designados por el presidente Luis Abinader aún no han presentado su declaración jurada de bienes ante la Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD).
La ley obliga a los funcionarios a realizar esta declaración dentro de los 30 días posteriores a su toma de posesión. Ante esta situación, el presidente Abinader advirtió este lunes que aquellos servidores públicos que no cumplan con este requisito en los próximos 15 días podrían ser suspendidos o cancelados de sus cargos.
Entre los funcionarios que no han presentado su declaración figuran ministros, viceministros, legisladores y directores de importantes instituciones. El más alto de estos funcionarios es Armando Paíno Henríquez, ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
En el Ministerio de Interior y Policía, cuatro viceministros, Antonio Palma, Chandrai Esther Estévez Zorrilla, Edwin Ensebio Feliz Brito y Carlos Manuel Ogando Bidó, tampoco han cumplido con esta obligación. Otros nombres en la lista incluyen a Noeliz de Jesús Vásquez, viceministra de Cooperación y Relaciones Internacionales del Ministerio de la Vivienda.
El director del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Milton Morrison, y otros funcionarios como Néstor Julio Matos Ureña, director del Instituto Dominicano para la Calidad (Indocal), y Noel Octavio Suberví Nin, director del Instituto para el Desarrollo del Suroeste (INDESUR), también están en mora.
Además, ocho senadores, incluidos Andrés Guillermo Lama, Dagoberto Rodríguez, Eduard Alexis Espiritusanto, Bernardo Alemán, Secundino Velázquez, Ginnette Bournigal, Héctor Acosta y Carlos Gómez, aún no han presentado su patrimonio.
En las próximas semanas, otros ocho funcionarios tendrán que cumplir con esta obligación, entre ellos Josefa Castillo, directora ejecutiva del Instituto Nacional de Atención a la Primera Infancia (Inaipi), y Miguel Ceara Hatton, superintendente de Salud y Riesgos Laborales, cuyos plazos están por vencer.
El Gobierno ha advertido que no se permitirá ningún incumplimiento de este compromiso legal, y se esperan consecuencias para quienes no regularicen su situación.
